(Se acercaban elecciones y era momento de pedir. Los arquitectos que vivíamos de las pequeñas obras de los Ayuntamientos de pueblo estábamos hasta el gorro de las trabas a nuestro trabajo diario, por lo que hice esta petición personal. Apareció en La Rioja , el 14 de mayo de 1987)
Con la próxima desaparición de la escena política del actual Presidente del Gobierno de La Rioja, José María de Miguel, es de esperar también que desaparezca una de las creaciones institucionales mas torpes de su mandato: me refiero a la Oficina de Supervisión de Proyectos adscrita a la Consejería del Territorio y Medio Ambiente.
Numerosos alcaldes de la provincia, buena parte de los contratistas de obra pública, y en general, todos los profesionales del sector de la construcción saben bien por qué lo digo. Para los ajenos a este mundillo y sobre todo para aquellos políticos que vayan a hacerse cargo de la administración autonómica dentro de dos meses, será necesario entrar en explicaciones, no sólo para que conozcan las miserias de tal ente, sino sobre todo, para que no las perpetúen.
Tanto la antigua “Diputación Provincial” como la moderna “Comunidad Autónoma” no han tenido nunca claro cómo gastarse los dineros presupuestarios destinados a mejorar las infraestructuras urbanas y los equipamientos de nuestros pueblos. Eludiré aquí el debate acerca de las razones que motivan que el dinero destinado a los municipios se lo gaste la Comunidad Autónoma en vez de los propios Ayuntamientos: tutela, paternalismo, desconfianza, retención de poder, alcaldes incompetentes, tecnocracia, etc. serían los términos probables de una discusión en la que, como digo, no voy a entrar por ahora. Sólo diré que hay una razón que por sí sola justifica que tal gasto lo realice un organismo superior: porque sólo él, y en tanto que tal, será capaz de realizar una política de ordenación (organización, articulación, equilibrio) territorial.
Ahora bien, dado que la ordenación del territorio ha sido (y sigue siendo) no sólo asignatura pendiente, sino asignatura fuera de programa de estudios de nuestros políticos, éstos, de siempre, se han dedicado a distribuir los dineros regionales según sus preferencias políticas, su zona de origen (risas sobre la nueva carretera a Nieva), los alcaldes obedientes o las expectativas de voto.
En los tiempos de la “transición autonómica” ya hubo quienes para acabar con tales males propusieron en las páginas de la extinta revista Clavijo (vease en el n. 19 el reportaje titulado “Los millones de la discordia”) “no mirar el color de los Ayuntamientos” (Martínez Tricio, PSOE) ó “crear una oficina técnica del Plan Provincial” (Díez Hormilla, UCD).
Poco después, la desorganización del gasto fue encomendada a las nacientes Consejerías, con lo que, actuando cada una por su cuenta, cualquier visión territorial global devenía en mera ilusión. Imposible de coordinar las “inversiones” el Presidente consideró que lo que procedía era controlar “el gasto”. ¿Y dónde hacerlo?; pues en el punto de control burocrático de los proyectos técnicos y de las certificaciones de obra. La Oficina de Supervisión de Proyectos fue, al decir de muchos (sobre todo a la vista de los repartos de las famosas bufandas) el ojito derecho de nuestro máximo mandatario: no en vano la construyó a base de dos “puntales” que se trajo de la extinta empresa de edificación en dónde trabajaba antes de ser Presidente (uno de ellos ascendido no hace mucho a “pilar” de su gobierno a falta de otro que encontrar en Madrid)
A partir de la puesta en funcionamiento de dicha Oficina no hubo proyecto o certificación que no sufriera un notable retraso, porque en las sumas de varias decenas de millones se hubiese detectado un error de 15 pesetas, porque en el plano de carpintería del proyecto no se habían dibujado las “mirillas” de las puertas, porque en el proyecto de rehabilitación de un ayuntamiento de aldea no se había calculado el aislamiento acústico, porque con la certificación no iba el último impreso diseñado por la Oficina, etc. etc. etc. (cada cual que cuente aquí su caso). Mientras tanto, el Presidente manifestaba con orgullo su satisfacción por el considerable ahorro que se estaba produciendo en la Comunidad Autónoma (!?). El escándalo saltó cuando hace aproximadamente un año, el diario La Rioja informó de las elevadas cifras de impagos, o de desfase del gasto de nuestro Gobierno. Al fin, las elecciones generales hicieron que el corsé se aflojase (así se consiguen las cosas en nuestro país) y que Ayuntamientos, contratistas y técnicos pudieran cobrar sus atrasos.
De entonces para acá la Oficina de Supervisión ha proseguido su labor entorpecedora y burocrática destinada a volver locos a todos con los “papeles” y, en ningún caso, a conseguir mejorar la calidad de los proyectos y de las obras. Fuera de su competencia sigue quedando el asesoramiento territorial de la inversión, aunque bien se sabe que cuando un proyecto no interesa políticamente, siempre se le pueden encontrar pegas, mientras que si una obra interesa, pues adelante con ella como sea.
Entiéndase que con lo que digo no juzgo la calidad profesional de los funcionarios que componen dicha Oficina, -por otro lado suficientemente conocidos por todos los afectados-, aunque sí recordaré aquello de que un buen funcionario, honesto y con sentido común, puede hacer tolerable una mala oficina, pero que un mal funcionario, torpe y estricto, en una oficina siniestra, es una de las peores combinaciones imaginables.
No estará de más, para terminar, recordar aquella historia del soldado que hacía guardia junto a un banco hasta que un coronel, al interesarse por el motivo de tal servicio, descubrió que años atrás había sido ordenado por un antecesor suyo con la misión de evitar que alguien se sentara porque estaba recién pintado. Seamos optimistas y esperemos, para que la historia no se repita, que dentro de dos meses desaparezca el particular “centinela” de la obra pública riojana.
