(En los primeros tanteos (¿tonteos?) con la
prensa local, este artículo lo llevé a EL CORREO ESPAÑOL, donde apareció
publicado el 7 de marzo de 1984)
Desde
que se formó el primer Consejo de Gobierno de nuestro actual Presidente Sr. de
Miguel, están sonando voces en la Oposición pidiendo la desaparición de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Medio-Ambiente por su presunta no
necesariedad.
Con
los problemas de recorte presupuestario a la citada Consejería (leo “entre
líneas” en las razones que dió de Miguel a la dimisión de Fernández Aldana) y
la reciente crisis que ha padecido, me he temido que sucediera lo peor, esto
es, que nuestro Presidente diera o estuviera dando la razón a la Oposición.
Afortunadamente
no ha sucedido así y ya tenemos nuevo ejecutivo en la cartera, el Sr. Montejo
Uriol, quien ya desde la fecha de su nombramiento va a tener que enfrentarse a
la primaria duda de si tiene o no razón de ser su cargo, duda que en el debate
del 29 de febrero volvieron a plantear los señores Díaz Yubero y Bernard.
En
este contexto, la presente nota, lejos de loar decisiones o desear parabienes
(allá cada cual con su historia y sus responsabilidades), pretende tan sólo
señalar que si hay una Consejería que realmente tiene sentido dentro del
sistema de gobierno de las Autonomías, esa es la de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente. Y a continuación demostraré que no exagero.
Pretender
hacer una política económica, una política social, una política laboral o
industrial de corte autónomo en el marco de una pequeña región como La Rioja,
parece a todas luces algo fuera de lugar cuando, como se sabe, las dependencias
exteriores o de Estado en tales materias implican puntos de partida o
tendencias difíciles de corregir. Pretender hacer una política educativa
“regional” es algo tan irrisorio que no creo que a nadie se le ocurra
intentarlo; etc. etc.
Pero
hacer una política de Ordenación Física de nuestro Territorio cuando el
elemento de dicha actividad, nuestro suelo, nuestros bosques, nuestros ríos,
nuestros pueblos y ciudades, sólo los vamos a vivir, gozar y disfrutar los
riojanos, es algo que dificilmente puede venir de Madrid.
No
voy a cuestionar entonces como corolario que el resto de las Consejerías son
inútiles, ni mucho menos, pero sí señalar que sus actividades ejecutivas tienen
más de administración autonómica de un servicio que de programación política
propia: la cartera de Educación trabajará más en reorganizar territorialmente
las escuelas que en tocar los programas o ciclos educativos; la cartera de
Industria luchará más por una homogénea reimplantación territorial que por
temas coyunturales de la misma; y así sucesivamente.
Es
decir, que lejos de poder hacer una política económica y social de carácter
estructural, lo que las Comunidades Autónomas pueden y deben hacer es Política
Territorial. Y por tanto, que duda cabe, esa política debe ser pensada y
coordinada desde un departamento específico.
Así
lo entendió Andalucía, que intentó crear en su organigrama de gobierno (luego
no lo logró) una “Agencia de Ordenación del Territorio” ligada a Presidencia,
que emitiera informes y coordinara las actividades de incidencia territorial de
las demás Consejerías.
Así
lo entendió García Enterría, quien señaló que las Comunidades Autónomas eran
las entidades idóneas para la formulación de una política territorial mediante
los Planes Directores Territoriales de Coordinación.
En
conclusión, cabe pues felicitarse por haber salvado en La Rioja a la susodicha
Consejería frente a las opiniones que la cuestionaban, pero también cabe
preocuparse y seguir preocupados ante esa opinión del Presidente de nuestra
Autonomía en la explicación de la dimisión de Fernández Aldana que parece
señalar que eso de la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es cosa de
ricos y de sociedades muy desarrolladas.
Lo
verdaderamente rico en La Rioja es el marco físico de que aún disponemos, y lo
verdaderamente empobrecedor sería descuidarlo y degradarlo.
