(Publicado en La Rioja el 16 de febrero del 2000)
En las últimas declaraciones sobre la responsabilidad de la demolición de la Alcoholera de Haro, hemos podido oir y leer estos días, de forma harto repetida, una sentencia absolutamente falsa y repugnante: la de que todos somos responsables. La sentencia, recogida por los periodistas incluso como titular, parece haber salido, -a poco que se lean los textos-, de boca del alcalde de Haro y del Director Regional de Cultura por la alta conciencia de culpabilidad que como máximos responsables políticos tienen en todo este asunto. Pretenden hacer creer a la opinión pública que ellos son tan responsables como el lector del periódico que vive en Alfaro, o incluso como el no lector de periódicos que vive en los jardines de la Vega de Haro. Antes de la demolición decían que, como se cumplía la ley, no había responsables. Después de la demolición, parecen haberse dado cuenta de que sí hay responsables y se han aprestado a decir que no son ellos, sino todos.
La excelente nota de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos (a la que me honro en pertenecer), publicada el sábado día 22 de enero en estas mismas páginas, demuestra con la ley en la mano que también los políticos tienen una importante responsabilidad sobre la aniquilación de los bienes del patrimonio histórico “no declarados ”. Ante el menor indicio del interés que esos bienes pudieran tener, están en la obligación de informarse, paralizar los expedientes por un tiempo de hasta seis meses, y tomar una decisión más argumentada. No han hecho nada de eso, y por ello se sienten políticamente culpables. Y para no parecerlo, descargan la culpa en toda la ciudadanía.
Pues bien, con harto dolor de mis sentimientos y en honor a la verdad, les voy a echar una mano a estos dos políticos culpables del derribo de la Alcoholera de Haro diciéndoles que hay alguien mucho más culpable que ellos y que, sin embargo, nadie ha mencionado estos días con la claridad que se debiera. Los culpables del derribo de la Alcoholera son quienes efectivamente la han tirado: la inmobiliaria que compró el edificio para eliminarlo, el arquitecto que hizo el proyecto de derribo, y el palista que empuñó la pala. ¿O esa gente, por el mero hecho de construir pisos y hacer dinero, han obtenido una exención especial de responsabilidad cultural sobre sus actos?
La Iglesia Católica, en su lento proceso de alejamiento de Dios y acercamiento a los hombres, anda diciendo últimamente que, en efecto, en nombre de su Dios se han cometido muchos desmanes, se han arrasado otras civilizaciones y se han causado muchos muertos. Manifestaciones que son un buen ejemplo para sus colegas musulmanes, quienes con su declaración de guerra santa, todavía en uso, no sólo están eximidos de responsabilidad al arrasar sino que incluso obtienen el paraíso como premio. La declaración de guerra de un Estado laico, también hay que decirlo, exime de la culpa de la destrucción, aunque (en teoría) sobre planteamientos más racionales y con importantes limitaciones en las reglas del juego.
Y tras estas referencias comparativas cabe ahora preguntarse, ¿es tanta la actual fé en el Dinero, que quien arrasa en su nombre está eximido de culpabilidad? ¿les daremos a esos aniquiladores de las pocas bellezas de nuestras ciudades el jardín paradisíaco de una feliz promoción de viviendas y el deseo de que obtengan pingües beneficios? ¿no hay nadie en este desierto que diga que no se puede quedar impune de dañar a la ciudad bajo la excusa de operar para el Dinero?.
Imagínense que alguien compra un bellísimo cuadro de Picasso y que lo quema en una plaza pública ante la atónita mirada de los viandantes y el fogoneo de flashes de unos cuantos periodistas. Y que para más inri, el asunto se pone de moda. Perfectamente legal, diría nuestro Director Regional de Cultura: se trata de bienes históricos “no declarados” y además, sus buenos dineros pagaron por la compra del cuadro ¿no?. ¡Era suyo!. Es más, (eso lo sabemos luego) con la venta de la exclusiva a dos o tres revistas que estaban previamente avisadas, ha hecho un buen negocio y hasta ha ganado dinero con la operación. Y por si fuera poco ¡se han creado puestos de trabajo en el sector editor de revistas!. Que mejor cosa ¿no?. Bueno, no sigo, porque igual alguien muy corto no entiende la ironía y lo coge como idea.
Vale ya de comparaciones y de argumentos y centrémosnos en las responsabilidades: todos somos responsables, sí, pero repártanse como es debido. Nadie es culpable de que alguien le mate por no haber ido a un gimnasio a aprender artes marciales de autodefensa o por no llevar un guardaespaldas. No seamos tan cretinos de culpabilizar a la víctima, tal y como hacen libremente en la prensa los actuales exegetas de los asesinos. No equiparemos la acción de destruir con la dejadez o la cobardía de no impedirlo. No igualemos la capacidad de impedir la demolición que tienen los gobernantes (¡y con la ley en la mano!) con la de la sociedad civil o la de los ciudadanos aislados. No es la misma la responsabilidad de quien ha aprobado su destrucción que la de quien no puso hace tiempo más medios para impedirla. No tiene nada que ver la responsabilidad de quien efectivamente ha tirado la Alcoholera con la de quienes no lo han impedido. Las cuotas son distintas y a cada cual hay que pedirle su responsabilidad.
Y así, para los ciudadanos que hemos asistido desconcertados e impotentes a la destrucción, ya está la penitencia de la privación de la belleza del edificio. Para los políticos que no han sabido o no han querido hacer nada y que al enterarse de su cuota de responsabilidad han intentado diluirla, hay que pedirles que dejen de ocupar una responsabilidad que no saben asumir. Y para quienes han destruido efectivamente el edificio, -llevándose por delante incluso a esos políticos poco conscientes de su responsabilidad-, ya que legalmente no se les puede hacer nada, cabe por lo menos llamarles públicamente ignorantes e insensibles, y desear que el negocio del Dinero en el que se amparan, les vaya rematadamente mal.
